Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años: expertos, plataformas y jóvenes reaccionan al cambio
A partir del 10 de diciembre de 2025, los menores de 16 años en Australia no podrán abrir ni mantener cuentas en redes sociales. La nueva ley —la primera de su tipo en el mundo— ha generado críticas desde empresas tecnológicas, defensores de derechos digitales y el propio sector juvenil, mientras el gobierno afirma que la medida busca proteger la salud mental e integridad de niños y adolescentes.
El gobierno australiano aprobó una normativa que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, medida que entrará en vigor el 10 de diciembre de 2025. Desde esa fecha, las plataformas deberán eliminar o desactivar las cuentas existentes de usuarios que no cumplan con la edad mínima y evitar la creación de nuevas cuentas de menores.
La normativa implica fuertes responsabilidades para las empresas: las plataformas tendrán que adoptar sistemas de verificación de edad —como control de documentos oficiales, reconocimiento facial u otras tecnologías— o enfrentar multas multimillonarias.
El Gobierno de Australia defiende la medida como una forma de reducir los riesgos que enfrentan menores en línea: exposición a contenido nocivo, presión social, adicción o problemas de salud mental derivados del uso excesivo de redes.
No obstante, la ley ha provocado un intenso debate público, con voces en contra que advierten sobre sus implicancias para la libertad en internet, la educación digital y los derechos de los menores.
Gran parte de la reacción negativa proviene de grupos de jóvenes y organizaciones que defienden los derechos digitales; algunos argumentan que la ley se vuelve difícil de aplicar en la práctica y que podría fomentar prácticas evasivas —como cuentas con edades falsas o el uso de VPN—, lo que podría agravar el problema que busca mitigar.
Asimismo, plataformas y empresas tecnológicas cuestionaron la viabilidad de los mecanismos de verificación de edad. Según sus representantes, esta regulación exigirá sistemas robustos, y advirtieron que la implementación puede presentar dificultades técnicas y generar —paradójicamente— una falsa sensación de seguridad.
La entrada en vigor de esta ley convierte a Australia en un caso piloto a nivel mundial: ofrece una experiencia que puede servir como antecedente para otros países que evalúan medidas similares, en medio del creciente debate sobre la regulación de internet, protección infantil y derechos digitales.
