Exalcalde de Algarrobo es condenado a 14 años de presidio efectivo por malversación y lavado de activos
El Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio dictó sentencia condenatoria contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, imponiéndole una pena total de 14 años de presidio efectivo por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en una de las causas de corrupción municipal más relevantes de la región en los últimos años.
La misma pena fue aplicada a Belén Carrasco, ex encargada de Tesorería del municipio y expareja del exjefe comunal, mientras que Sixto Carrasco, hermano de esta última, fue condenado a seis años de presidio efectivo, correspondientes a dos penas de tres años cada una.
Tras la lectura de sentencia, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), Claudio Rebeco, valoró el fallo del tribunal, señalando que “estamos satisfechos con el trabajo realizado, ya que el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio acogió íntegramente las pretensiones del Ministerio Público, condenando a los acusados tanto por malversación de caudales públicos como por un delito independiente de lavado de activos”.
El persecutor explicó que este último ilícito reviste especial gravedad, ya que “supone una sanción distinta por el blanqueo de dinero, es decir, la intención de los acusados de ocultar el origen ilícito de los fondos para introducirlos en el mercado financiero”.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal acogió una demanda civil y decretó multas de alto monto, conforme a lo establecido en la legislación vigente, que obliga a imponer sanciones equivalentes al doble del dinero sustraído en casos de malversación de fondos públicos.
Respecto de las medidas cautelares, el fiscal Rebeco precisó que el exalcalde Yáñez se mantiene en prisión preventiva, medida que cumple desde el inicio de la investigación. En el caso de Belén Carrasco, el tribunal resolvió mantener las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, considerando circunstancias personales, entre ellas su condición de madre de un lactante. No obstante, el Ministerio Público solicitó el endurecimiento de estas medidas, petición que fue rechazada por el tribunal, decisión que actualmente se encuentra pendiente de revisión por la Corte de Apelaciones.
El fallo aún no se encuentra ejecutoriado, por lo que las defensas cuentan con la posibilidad de interponer recursos, particularmente de nulidad, los que deberán ser resueltos en las próximas semanas.
Finalmente, el fiscal Rebeco indicó que resta una etapa relevante del proceso, relacionada con el comiso de ganancias, es decir, la incautación de bienes y recursos obtenidos de manera ilícita. “Existen bienes sujetos a medidas precautorias que deberán ser objeto de comiso y posteriormente ejecutados, conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico”, concluyó.
