Falla en fiscalización del IPS deja sin PGU a miles de adultos mayores y obliga a iniciar trámites para revertir el error
Una falla en los procesos de fiscalización del Instituto de Previsión Social (IPS) provocó la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a cerca de 13 mil adultos mayores, quienes fueron notificados por supuestos viajes al extranjero que nunca realizaron.
Un complejo escenario enfrentan miles de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal luego de que el IPS comunicara el término del beneficio, argumentando el incumplimiento del requisito de residencia en Chile. Según el organismo, los afectados habrían permanecido fuera del país por más de 180 días durante el último año, situación que los propios jubilados y sus familias descartan categóricamente.
Las notificaciones fueron enviadas mediante cartas formales en las que el IPS señaló que la información provenía de “organismos externos”, lo que encendió las alertas entre los beneficiarios, muchos de los cuales aseguran no haber salido nunca del país. El caso fue dado a conocer por 24 Horas, medio que recogió diversos testimonios que evidencian la magnitud del error.
“Mi mamá no tiene pasaporte y jamás ha viajado al extranjero. Aun así, le quitaron la PGU”, relató la hija de una de las afectadas, advirtiendo el impacto directo que esta decisión tiene en la economía familiar y en la subsistencia de personas mayores que dependen de este ingreso.
Para revertir la suspensión, el IPS instruyó a los adultos mayores a solicitar un Certificado de Viajes en la Policía de Investigaciones (PDI), trámite que debe realizarse para acreditar que no registran salidas del país. La medida ha sido duramente criticada, ya que obliga a los propios afectados a corregir un error originado en el cruce de bases de datos del Estado.
“Nos tratan como si hubiéramos hecho algo malo y además nos piden que solucionemos un problema que no generamos”, reclamó otra adulta mayor, quien describió la situación como humillante y angustiante.
Desde el punto de vista económico, el impacto de esta falla administrativa es significativo. Se estima que el monto total retenido asciende a cerca de $3.380 millones, recursos que no han sido pagados mientras se resuelve la situación de cada beneficiario.
Consultado por Canal 24 Horas, el IPS señaló que, por mandato legal, debe revisar periódicamente el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el país para acceder a la PGU, aunque reconoció que los casos denunciados están siendo revisados. Mientras tanto, miles de adultos mayores continúan a la espera de una pronta solución que les permita recuperar un beneficio clave para su calidad de vida.
