De acuerdo con un comunicado emitido por el sindicato en huelga de Mantoverde el pasado 19 de enero, el conflicto laboral escaló tras la presunta llegada, el viernes 16 de enero, de cerca de 20 personas con equipamiento táctico —cascos, escudos, chalecos y rostro cubierto— a las inmediaciones del campamento de huelga emplazado en la zona costera de Chañaral. La organización sindical calificó el hecho como un acto de intimidación y exigió una investigación urgente por parte de las autoridades competentes.
En la denuncia, el sindicato identificó a la empresa de seguridad involucrada como “VIP Domme” y solicitó que se revisen eventuales irregularidades vinculadas a autorizaciones OS10, certificaciones y cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, acusó la existencia de reemplazos ilegales durante la huelga y afirmó que la empresa no habría respondido a una mediación voluntaria propuesta por la Inspección del Trabajo. Desde la organización reiteraron su disposición al diálogo, señalando que su principal demanda apunta a la obtención de un bono trimestral por desempeño.
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En paralelo, la empresa Mantoverde —propiedad de Capstone— difundió un comunicado en el que condenó lo que calificó como un grave ingreso ilegal a su planta desalinizadora durante la noche del 18 de enero. Según la compañía, un grupo de personas, a quienes atribuye a huelguistas, habría irrumpido en las instalaciones, afectando accesos y provocando la detención del suministro de agua.
La empresa sostuvo que en los días previos ya se había registrado un escenario de alta tensión, con bloqueos, ocupaciones no autorizadas y presuntas amenazas a trabajadores no adheridos a la huelga, anunciando además la adopción de acciones judiciales. Mantoverde recalcó que la planta desalinizadora constituye un activo crítico para la operación minera, al estar ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de la faena y proveer el agua necesaria para su funcionamiento.
Adicionalmente, desde la compañía acusaron que el sindicato habría difundido un “comunicado falso” con imágenes intervenidas mediante inteligencia artificial, lo que —según su versión— buscaría desinformar respecto de los hechos ocurridos.
Cabe señalar que ambas situaciones corresponden a versiones contrapuestas entregadas por las partes involucradas, quedando a la espera de eventuales pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades administrativas y judiciales competentes.