Quillota endurece ofensiva por incendios en el río Aconcagua y anuncia acciones legales

Una situación que se arrastra por años, pero que en las últimas semanas escaló a un nivel crítico, llevó a la Municipalidad de Quillota a ampliar su plan de intervención en la ribera del río Aconcagua. El sector, particularmente en las inmediaciones del Puente Boco, se ha transformado en un punto recurrente de acumulación de escombros, instalación de rucos y quema de materiales, generando focos de incendio difíciles de controlar.

Según detallaron desde el municipio, durante más de un año se ha desarrollado una intervención permanente, logrando avances en la zona sur del puente. Sin embargo, hacia el sector norte —especialmente en accesos posteriores a El Peumo— la problemática se ha intensificado debido al ingreso constante de personas que depositan residuos y queman desechos para extraer metales.

En ese contexto, durante marzo se han ejecutado múltiples operativos, incluyendo limpiezas los días 3, 9 y 12, además del despeje de rucos y fiscalizaciones en terreno. A esto se suma la labor coordinada de las áreas de Medio Ambiente, Seguridad Pública y Gestión de Riesgo de Desastres, junto a iniciativas como una cooperativa de reciclaje.

No obstante, el escenario sigue siendo complejo. Solo en los últimos días se han registrado al menos cuatro emergencias que obligaron a desplegar recursos municipales, Bomberos y CONAF, incluyendo camiones aljibe y maquinaria. El viernes pasado, incluso, se utilizaron más de 60 mil litros de agua sin lograr extinguir completamente los focos, evidenciando un comportamiento persistente e incluso subterráneo del fuego.

Frente a esta situación, el municipio anunció un endurecimiento de las medidas. Entre ellas, la presentación de una querella ante la Fiscalía, el refuerzo de la presencia policial en el sector y la solicitud de apoyo a la Delegación Presidencial. Además, se avanzará en el cierre perimetral del área y en el uso de maquinaria pesada para remover el terreno y sofocar las humaredas desde su origen.

Desde la casa consistorial advirtieron que se trata de una problemática que supera las capacidades municipales, requiriendo una intervención mayor tanto en materia de seguridad como ambiental. Asimismo, aclararon que los hechos se desarrollan fuera del polígono del humedal urbano, por lo que las acciones buscan recuperar el orden y resguardar espacios que hoy están siendo utilizados de manera ilegal, poniendo en riesgo a la comunidad y al entorno natural.