Corporaciones de Asistencia Judicial denuncian grave falta de dotación en el Servicio
Molestos por la desidia de la autoridad, 3 organizaciones de trabajadores de la Asistencia Judicial desarrollan jornadas graduales de protesta, advirtiendo un profundo daño físico y mental a la plata funcionaria producto de la falta de personal en una repartición pública de gran demanda ciudadana.
Representantes de trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJMetro), anunciaron un proceso de movilización gradual ante lo que denuncian como “una grave falta de dotación de personal”, lo que afectaría la salud de los equipos y el clima laboral exponiendo a un desgaste permanente de las y los funcionarios extendiéndose más allá de todo límite razonable.
Tal como advierten, hay 23 solicitudes de reemplazos que no han sido cubiertas pese a su urgencia porque el Ministerio de Justicia no estaría dando autorización para que puedan hacerse las contrataciones requeridas.
Para Mónica González, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial R.M (AFUNPRO), una de las entidades denunciantes, en términos reales, en la Región Metropolitana se están cerrando centros porque “hay funcionarios con licencias, algunas de la Asociación Chilena de Seguridad, debiendo pedir a otros abogados cubrir turnos en las oficinas”, comentó la dirigente.
“Es algo que hemos hecho notar innumerables veces al Minju, sin embargo bajo argumentos técnicos y presupuestarios, dilatan alguna respuesta, mientras profesionales de las diversas áreas deben multiplicarse ante cargos aún no proveídos o cuyo titulares se encuentran con licencia”, enfatizó.
Los dirigentes ejemplifican lo que ocurre en la Oficina de Defensa Laboral de Puente Alto, donde los tres abogadas disponibles hoy están con licencia, debiendo trasladar profesionales de la oficina de Santiago para subsanar esta falencia, o un caso aún más insólito donde la existencia de un solo abogado en un centro de atención, al irse este último, representó su cierre inmediato, perjudicando con ellos a los usuarios.
Recalcan además que el déficit presupuestario para el sector es histórico pero que, con el instructivo de restricción de contratación de reemplazo del gobierno, este año ha sido aún más crítico, lo cual creen no cambiará el 2025.
Así lo plantea, Victoria Escalante, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial (AFUC) quien denuncia que el Ministerio de Justicia “no financia el 100% de la dotación, la cual se sufraga, en parte, por ingresos propios, provenientes de cobro de licencias médicas, convenios, costas, entre otros”.
El anuncio de movilización de la CAJ Metro representa una llamado de atención ante el cierre unidades operativas para efectuar atención telemática por falta de personal, derivando en un inminente “quiebre de control” por la sobre exigencia de los trabajadores, que están cumpliendo funciones más allá de lo que se establece en los perfiles de cargo.
Otro punto en cuestionamiento, es la imposibilidad de muchos funcionarios de la CAJs, de hacer uso de sus de vacaciones, al tener que soportar la sobrecarga de trabajo, lo cuales “junto con afectar enormemente su salud física y mental, arriesgan perder los días acumulados”, detalló Jessica Valenzuela, dirigenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Técnicos y Auxiliares (AFTADAJ).
