Corte de apelaciones revierte sobreseimiento y reabre causa contra Presidente Boric por contratación de abogado particular con fondos públicos

La Corte de Apelaciones resolvió reabrir la investigación penal contra el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, luego de acoger de forma unánime el recurso presentado por el abogado Raimundo Palamara Stewart, quien actúa como querellante en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana. El fallo revocó el sobreseimiento definitivo que había sido otorgado previamente por el Séptimo Juzgado de Garantía, permitiendo que la causa continúe su tramitación.

La investigación se origina a partir de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, operación que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional al involucrar a una entonces senadora de la República, Isabel Allende, como parte del contrato, contraviniendo una prohibición expresa de la Carta Fundamental. Según se ha establecido, la operación fue impulsada desde el Ejecutivo y terminó siendo revertida tras conocerse su incompatibilidad constitucional.

En el marco de ese proceso, el Presidente Boric habría intentado contratar, mediante trato directo y con fondos públicos, a su abogado de confianza, Jonathan Valenzuela, para asumir su defensa jurídica. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el querellante, dicha contratación se habría tramitado a través de la figura de la denominada “defensa funcionaria”, mecanismo destinado a cubrir la defensa legal de funcionarios públicos cuando estos actúan dentro de sus atribuciones legales.

No obstante, según sostuvo Palamara, esta figura no sería aplicable al caso, ya que el propio Presidente reconoció públicamente que la compraventa de la vivienda fue un error. “Un error constitucional no puede considerarse un acto propio de las funciones de un cargo público”, argumentó el abogado, señalando que ello excluiría la posibilidad de financiar una defensa privada con recursos fiscales.

A juicio de la Fundación Fuerza Ciudadana, los hechos configurarían eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, motivo por el cual se presentó una querella criminal que dio origen a la causa. Posteriormente, la acción penal fue ampliada específicamente para incorporar la contratación del abogado con fondos públicos como un hecho autónomo y relevante desde el punto de vista penal.

El sobreseimiento definitivo había sido decretado por el tribunal de primera instancia sin que la causa avanzara a una etapa de formalización ni a un juicio oral. Sin embargo, la Corte de Apelaciones estimó que dicha resolución era improcedente, señalando que el término natural de un proceso penal es una sentencia dictada por un tribunal oral en lo penal, y no una decisión administrativa del Ministerio Público.

Tras conocerse el fallo, Palamara valoró la resolución del tribunal de alzada, indicando que “la unanimidad del fallo demuestra que existen antecedentes suficientes para continuar con la investigación y esclarecer responsabilidades”. Asimismo, anunció que solicitarán el cambio del fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper, argumentando falta de diligencias y la intención de cerrar la investigación sin un pronunciamiento judicial de fondo.

El abogado también advirtió sobre las implicancias institucionales del caso, señalando que permitir la utilización de recursos públicos para financiar defensas privadas en causas vinculadas a eventuales delitos contra el Estado sentaría un precedente grave. “Aceptar esta práctica implicaría que cualquier autoridad imputada por corrupción pueda exigir que el propio Estado le pague su abogado”, afirmó.

Con la decisión de la Corte de Apelaciones, la causa queda nuevamente en etapa investigativa, abriéndose la posibilidad de nuevas diligencias, eventuales formalizaciones y, eventualmente, la presentación de una acusación penal, dependiendo de las conclusiones que adopte el Ministerio Público en el desarrollo del proceso.