Concejales de Limache denuncian cuartel de seguridad municipal que opera sin contrato de agua potable
Fiscalización en terreno constató suministro activo y medidor operativo, pero sin contrato vigente ni registros de facturación. Antecedentes fueron derivados a Contraloría, SISS y al Ministerio Público.
Los concejales de Limache Victoria Ladrón de Guevara (REP) y Álvaro Zamora (PS) denunciaron ante organismos fiscalizadores y la justicia que el Cuartel de Seguridad Pública municipal —inaugurado en febrero del año pasado— estaría operando con suministro de agua potable activo pese a no contar con contrato vigente con la empresa sanitaria ni con respaldos de facturación o pagos asociados por más de un año.
Según detallaron, la situación fue detectada tras una denuncia anónima y verificada mediante inspecciones en terreno, solicitudes formales de información al municipio y el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras como ediles. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el recinto cuenta con empalme y medidor operativo, pero no existiría una relación contractual vigente que respalde el suministro.
“Aquí no hay política, hay legalidad administrativa. Mi deber como concejal y abogada es actuar cuando existen antecedentes objetivos y está comprometido el uso de recursos públicos”, señaló la concejala Victoria Ladrón de Guevara. Agregó que no actuar frente a estos hechos “habría significado incumplir mis deberes legales y con los vecinos”, subrayando que el Estado y los municipios deben ser ejemplo de cumplimiento normativo.
En la misma línea, el concejal Álvaro Zamora indicó que “confirmamos en terreno que el cuartel tenía agua y medidor, pero no existía pago del consumo; por eso recurrimos a las instancias fiscalizadoras, ante la posibilidad de un uso irregular del recurso”.
Los ediles informaron que los antecedentes ya fueron remitidos a la Contraloría Regional, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y al Ministerio Público, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades administrativas y, de corresponder, penales, además de exigir la regularización de la situación.
Respecto de lo informado por ESVAL, se indicó que para el domicilio del cuartel existirían dos factibilidades emitidas en 2023 y 2024, además de una solicitud de servicio provisorio que no habría sido finalizada por parte del interesado.
En ese contexto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios abordó la responsabilidad del propietario del inmueble, señalando expresamente que la Municipalidad de Limache debe regularizar “a la brevedad” el arranque actualmente irregular. Asimismo, advirtió que, de mantenerse la situación, la empresa sanitaria podría calificarla como “robo de agua” por conexión clandestina, citando la Ley 18.119 (artículo 2), que contempla penas y multas asociadas.
Otro punto relevante dice relación con la recepción municipal del inmueble. Según lo informado por el municipio, el recinto contaría con una “recepción provisoria”; sin embargo, hasta ahora no se ha entregado documentación formal que permita determinar con certeza su alcance, ni si dicha recepción corresponde efectivamente a las áreas que hoy se encuentran en uso. Por ello, los concejales solicitaron formalmente la resolución, certificados y antecedentes técnicos pertinentes.
Esta situación es relevante a la luz de la normativa urbanística vigente —en particular la Ley General de Urbanismo y Construcciones— que establece exigencias para la habilitación y uso de obras, las que deben contar con respaldo documental y pronunciamiento formal de la autoridad competente.
Finalmente, Ladrón de Guevara subrayó la sensibilidad del caso por tratarse de un recinto público con presencia permanente de funcionarios y atención de público: “Un cuartel de seguridad debe operar conforme a la normativa. Cualquier otra cosa afecta la confianza pública y expone innecesariamente al municipio”.
