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Concejal de San Felipe denunció secuestro falso: admitió compra de droga y uso de viático en ruco de Viña

La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra el concejal Ronald Olivares, luego de conocerse su declaración ante Carabineros, donde descartó haber sido secuestrado y reconoció que salió a comprar cocaína, consumió drogas y alcohol, y usó parte de su viático durante la noche en que ocurrieron los hechos.

La Municipalidad de San Felipe confirmó la presentación de una querella contra el concejal Ronald Olivares, luego de que se conociera un giro total en la denuncia por supuesto secuestro que había realizado tras un viaje a Viña del Mar, en el contexto de una capacitación de concejales.

Inicialmente, el edil aseguró ante Carabineros que había sido abordado por dos sujetos cuando se dirigía a la casa de un familiar y que fue llevado contra su voluntad a un sitio eriazo, desde donde más tarde logró escapar.

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Sin embargo, en una posterior declaración, Olivares reconoció que su relato no era cierto. Según el testimonio al que tuvo acceso La Radio, la noche del 30 de enero de 2025 salió a comprar cigarros y “falopa”, aludiendo a cocaína, y terminó aceptando ir con un grupo de sujetos hasta un ruco en el que se consumían drogas y alcohol.

En ese lugar, indicó, entregó $350 mil en efectivo para comprar pasta base, dinero que correspondía a parte del viático de la capacitación, y posteriormente realizó más transferencias para adquirir sustancias y alcohol. Aunque señaló que luego se sintió intimidado por personas armadas con pistolas y cuchillos, admitió que no fue víctima de un secuestro y que accedió voluntariamente a acompañarlos.

También reconoció que había sido adicto a las drogas, que se encontraba rehabilitado y que durante ese viaje sufrió una recaída. De acuerdo con el reporte policial, habría tergiversado los hechos para justificar su ausencia ante su familia y evitar consecuencias laborales.

A raíz de estos antecedentes, y considerando además que posteriormente presentó una licencia médica de 14 días, la alcaldesa Carmen Castillo confirmó la acción judicial, señalando que los hechos deben ser revisados por la justicia penal, atendido el deber funcionario de denunciar eventuales irregularidades.

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