Alcaldesa de Hijuelas bajo la lupa: Investigan 87 contratos de su empresa con organismos públicos
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La alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, quedó en el centro de una controversia tras una investigación de Aquí Valparaíso, de El Mostrador, que reveló que una empresa de seguridad privada de su propiedad recibió 501 órdenes de compra de 37 organismos del Estado entre 2021 y octubre de 2026. De ese total, 320 corresponden al período en que se desempeñaba como concejala y otras 181 desde que asumió como alcaldesa.
El reportaje identificó que 87 órdenes de compra se emitieron después del 28 de noviembre de 2025, fecha en que entró en vigencia la Ley 21.659 de Seguridad Privada. La normativa prohíbe que empresas con participación de alcaldes o concejales presten servicios de seguridad privada a organismos del Estado. Rossat posee el 75% de la sociedad involucrada, que ha prestado servicios a distintas instituciones públicas.
Entre los contratos cuestionados se encuentra uno del Registro Civil por $50,7 millones, destinado a la instalación de alarmas con monitoreo en sus oficinas de Valparaíso. Tras las consultas del medio, la institución resolvió poner término anticipado al contrato, argumentando que la medida se adoptó en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las exigencias sobre probidad administrativa.
Consultada por la investigación, Rossat aseguró que desconocía la normativa y cuestionó su constitucionalidad, argumentando que podría afectar la libertad de asociación y de trabajo. También negó haber utilizado sus cargos públicos para favorecer a su empresa y afirmó que nunca ha contratado con la Municipalidad de Hijuelas. “De repente uno no puede vivir de este sueldo nomás”, declaró, agregando que revisará el alcance de la legislación.
Por su parte, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Martín Loo, explicó a Aquí Valparaíso que podría existir un problema de “ilegalidad sobreviniente”, por lo que corresponde revisar los contratos celebrados antes y después de la entrada en vigencia de la ley.
De las 87 órdenes de compra identificadas, 64 provienen de licitaciones adjudicadas antes de la nueva normativa, mientras que otras 17 derivan de adjudicaciones posteriores, situación que abre interrogantes sobre la aplicación de la legislación a estos negocios con el Estado.
