Propietaria de fundo donde desapareció María Ercira Contreras es imputada por presunta obstrucción a la justicia
A casi dos años de la desaparición de la adulta mayor en Limache, la investigación judicial dio un giro tras confirmarse que la dueña del recinto adquirió la calidad de imputada, lo que permitirá a su defensa acceder a todos los antecedentes de la causa.

A casi dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años cuyo rastro se perdió en el fundo “Las Tórtolas” de la comuna de Limache, el caso registró un vuelco relevante en su arista judicial. Este lunes 19 de enero se confirmó que Mónica Kleinert, propietaria del recinto donde se desarrollaba un almuerzo familiar el Día de la Madre de 2024, fue formalmente incorporada como imputada en la investigación por presunta obstrucción a la justicia.
La medida fue solicitada por la propia defensa de Kleinert y acogida por el tribunal de Limache, lo que permitirá a sus abogados acceder de manera íntegra a los antecedentes que forman parte de la investigación en curso.
El origen de esta imputación se vincula a una serie de irregularidades detectadas en la entrega de registros de las cámaras de seguridad del fundo. De acuerdo con un peritaje considerado clave, no se entregaron las 24 horas completas de grabaciones que había solicitado la Policía de Investigaciones (PDI), pese a que existe un acta firmada por la propietaria del recinto que acreditaba dicha entrega.
La familia de María Ercira, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, sostiene que el material recibido fue parcial y deficiente, situación que podría configurar no solo una eventual obstrucción a la justicia, sino también una posible falsificación de instrumento público, al no coincidir el contenido del acta con la evidencia efectivamente proporcionada.
El jurista ha sido enfático en señalar que la investigación se ha visto afectada por una deficiente cadena de custodia y por errores u omisiones en las diligencias iniciales. En ese contexto, la familia ha solicitado que un nuevo equipo policial, sin sesgos previos, asuma las pericias del caso. Manríquez advirtió además sobre una demora significativa en la ejecución de órdenes emanadas desde la Fiscalía Nacional y Regional, lo que podría derivar en la pérdida de evidencia relevante.
En paralelo, se espera que en los próximos días se retomen las labores de búsqueda en terreno, con la participación de equipos especializados, entre ellos el grupo de rescate “Topos”. Esta nueva etapa apunta a revisar sectores del fundo que podrían no haber sido inspeccionados en profundidad durante las primeras diligencias, mientras la arista por presunta obstrucción a la justicia continúa abierta y en desarrollo.




