Gobierno prepara ley para restringir acceso de menores a RR.SS y expertos advierten desafíos en su implementación
El anuncio del Ministerio de Desarrollo Social sobre el ingreso de un proyecto de ley para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales abrió un nuevo debate en Chile: hasta dónde regular el entorno digital sin vulnerar derechos ni desconocer la realidad tecnológica de niños y adolescentes.
La iniciativa —que forma parte del plan “Entornos Digitales Seguros”— busca enfrentar los riesgos asociados al uso no supervisado de internet en un escenario donde ya rige la prohibición del uso de celulares en establecimientos educacionales.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, explicó que el foco está en el resguardo del bienestar infantil. “Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos ni vulneraciones. Hoy, uno de esos entornos es especialmente el digital”, afirmó.
La autoridad advirtió que las medidas actuales resultan insuficientes. “En Chile solo contamos con restricciones en los colegios, pero eso no evita la exposición a peligros como desafíos virales o fenómenos de violencia que también impactan la convivencia escolar”, sostuvo.
Discusión amplia
Desde el mundo académico, la discusión incorpora un componente clave: el desarrollo cerebral de los adolescentes. Ethelyn Pinto, vicerrectora de Educación Digital de la Universidad del Alba, explica que esta vulnerabilidad tiene base neuropsicológica.
“En la adolescencia existe un desfase madurativo: el sistema emocional está altamente activo, mientras que la corteza prefrontal —responsable del juicio y el control de impulsos— termina de desarrollarse cerca de los 25 años. Esto genera una brecha que dificulta evaluar riesgos, como ocurre con los desafíos virales”, señala.
A esto se suma evidencia internacional que vincula el uso no regulado de redes sociales con mayores niveles de ansiedad, problemas de autoestima y trastornos del sueño en menores, argumentos que el Gobierno considera como sustento de la propuesta.
El desafío: regular sin prohibir
Pese a los riesgos, especialistas advierten que el debate no puede reducirse a una lógica de prohibición.
“Las redes sociales son hoy un espacio central de socialización. Una regulación mal diseñada puede ser ineficaz o incluso contraproducente, porque los menores suelen encontrar formas de evadir restricciones”, advierte Pinto.
La académica enfatiza que el problema no es solo el contenido, sino la dinámica de validación constante. “Los menores aún no cuentan con herramientas emocionales para procesar entornos donde la aprobación se mide en ‘likes’”, explica.
Desde la neuroeducación, este fenómeno se asocia a sistemas de recompensa que refuerzan conductas de manera intermitente, afectando la concentración y la tolerancia a la frustración. En cerebros en desarrollo, esto puede competir directamente con procesos clave como el aprendizaje y la atención sostenida.
Por ello, expertos plantean que el enfoque debe ser integral y basado en la corresponsabilidad. Esto implica combinar herramientas de control parental, alfabetización digital y mayores exigencias a las plataformas tecnológicas.
“Si no se aborda de manera conjunta, el problema simplemente se traslada a espacios menos visibles”, advierte Pinto.
Experiencia internacional y dudas sobre su eficacia
El debate no es exclusivo de Chile. Países como Australia y algunas naciones europeas han impulsado regulaciones similares, aunque con resultados dispares y cuestionamientos sobre su efectividad.
Uno de los principales desafíos es la fiscalización. “¿Cómo se verifica la edad de los usuarios sin afectar su privacidad?”, plantea la experta, apuntando a uno de los nudos críticos del proyecto.
Incluso a nivel internacional, especialistas advierten que estas restricciones pueden ser fácilmente eludidas por los propios usuarios, lo que pone en duda su impacto real.
Búsqueda de apoyo político
Pese a estas interrogantes, el Ejecutivo espera que la iniciativa logre respaldo transversal. Según la ministra Wulf, el proyecto se trabaja junto a parlamentarios y expertos para avanzar hacia un entorno digital más seguro, sin afectar libertades individuales.
Más allá de la discusión legislativa, el debate de fondo apunta a un equilibrio complejo: cómo proteger a niños y adolescentes sin desconocer que el mundo digital es hoy parte estructural de su vida cotidiana.
En ese contexto, el éxito de la iniciativa no dependerá solo de la regulación, sino de su capacidad de articularse con educación digital, responsabilidad familiar y adaptación de las plataformas.
El debate recién comienza, y uno de sus puntos clave será precisamente ese: cómo equilibrar protección, derechos y uso cotidiano de la tecnología en menores de edad.
