Bodycams: el aspecto clave de la nueva ley de seguridad privada en Chile
La Ley 21.659 comenzará a regir en noviembre de 2025 e incorpora como obligación el uso de cámaras corporales por parte del personal operativo de seguridad privada. La normativa busca elevar la transparencia, asegurar evidencia audiovisual confiable y modernizar los estándares del sector.
A partir del 28 de noviembre de 2025 entrará en vigencia la Ley 21.659, normativa que obliga al uso de cámaras corporales (bodycams) por parte del personal operativo de seguridad privada que porte armas no letales o dispositivos eléctricos de control. El objetivo es claro: garantizar que cada procedimiento cuente con un respaldo audiovisual verificable, evitando vacíos probatorios y fortaleciendo la confianza ciudadana.
La ley introduce estándares estrictos para la grabación, almacenamiento, resguardo y trazabilidad de la evidencia digital, lo que obligará a las empresas del rubro a actualizar sus sistemas tecnológicos y protocolos internos.
“La entrada en vigencia de esta ley marcará un antes y un después en el sector de la seguridad privada y en el ecosistema de las comunicaciones. Ya no se exige solo registrar, sino también asegurar evidencia confiable y protegida”, explica Marcelo Silva, Channel Manager Hytera en Chile.
En esa línea, Silva afirma que la compañía ya opera con dispositivos alineados con estos requisitos: “Contamos con cámaras corporales con baterías no removibles de alta capacidad, capaces de cubrir turnos extensos y resguardar registros por los 120 días mínimos exigidos por la norma”.
La ley también empuja un proceso de profesionalización en una industria que ha crecido aceleradamente. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, las empresas de seguridad privada aumentaron 350% entre 2013 y 2023, mientras que sus ventas se incrementaron más de 400%. Con este desarrollo, la demanda de equipamiento especializado ya está generando un proceso de modernización generalizado.
Para Lino-Alonso Román, gerente general de AndesTEC, la adopción de estas tecnologías tiene impactos inmediatos:
“La implementación de bodycams no solo mejora la trazabilidad y transparencia, sino que también optimiza la gestión de incidentes y eleva los estándares de cumplimiento. Cuando la tecnología se integra con los procesos, se produce un cambio real en la forma de operar”.
El componente legal será crucial. El tratamiento de datos personales, el acceso restringido y la imposibilidad de manipular los registros serán condiciones obligatorias, considerando que las imágenes constituirán evidencia formal.
“La ley establece un marco muy exigente para resguardar la cadena de custodia, evitar usos arbitrarios y garantizar la integridad del material audiovisual. El desafío estará en la correcta implementación y capacitación del personal”, sostiene Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
La transición, coinciden los expertos, no solo permitirá cumplir la norma, sino que abrirá paso a un ecosistema de seguridad más transparente, auditable y moderno. Prepararse desde ya será clave para enfrentar este nuevo estándar tecnológico y legal.
