Llay Llay gana nueva batalla judicial para agilizar retorno en peaje Las Vegas
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La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la apelación presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria para dejar sin efecto la orden judicial que busca agilizar la habilitación de un retorno en las cercanías del peaje Las Vegas, en Llay Llay.
La medida se originó tras la implementación del sistema de cobro electrónico Free Flow en la Ruta 5 Norte, situación que ha generado dificultades para cientos de vecinos del sector, quienes deben pagar peaje o recorrer cerca de 16 kilómetros entre ida y vuelta para acceder a sus hogares. El problema también afecta a los equipos de emergencia, que deben desplazarse hasta el sector de Ocoa para llegar a parte de Las Vegas.
Irma Pimentel, presidenta de la Junta de Vecinos Alto La Esperanza de Las Vegas, enfatizó la urgencia de contar con una solución: “El retorno para nosotros es algo fundamental, primordial. Llevamos décadas, alrededor de 25 años, yendo a retornar a Ocoa, a otra comuna que no es la nuestra. Son alrededor de 16 kilómetros ida y vuelta”.
La dirigenta también advirtió sobre las consecuencias que esta situación puede tener para la comunidad y los servicios de emergencia. “Cuando hay un accidente o un incendio, no llegan. Entonces eso no puede continuar. Nosotros, para nosotros, es una prioridad el retorno ahora, ahora lo más pronto que se pueda, no en tres ni en cuatro ni menos en cinco años más”, sostuvo.
Por su parte, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González Arancibia, valoró la resolución judicial y cuestionó la postura de los organismos involucrados. “La Corte de Apelaciones resolvió en favor del municipio esta orden de no innovar en términos de que están obligados a rebajar el peaje a cero y habilitar un retorno para los vecinos y vecinas de Las Vegas”, afirmó. Además, criticó lo que considera un trato desigual hacia la zona: “No entendemos este doble criterio, no entendemos este doble estándar y esta doble forma de actuar”.
Con este nuevo fallo, el MOP y la concesionaria deberán acatar la resolución judicial, que busca avanzar en la habilitación del retorno y contempla medidas para facilitar el acceso de los residentes a sus viviendas.
