Disturbios y hechos de violencia marcan inicio del desalojo en toma de San Antonio
Una compleja y tensa jornada se vivió la mañana de este lunes en la Toma de San Antonio, luego que comenzara el proceso de desalojo de una parte del extenso asentamiento, instancia que estuvo marcada por enfrentamientos entre pobladores y personal de Carabineros, además de graves incidentes de violencia.
Desde primeras horas del día, cerca de las 7:00 horas, el sector amaneció con barricadas en distintas calles, lo que dificultó el ingreso de los equipos policiales. En ese contexto, se registró el lanzamiento de objetos contundentes y bombas molotov contra Carabineros, así como la quema de una retroexcavadora que había sido trasladada al lugar para apoyar las labores de desocupación y demolición de estructuras.
De acuerdo con información recabada en el lugar, los enfrentamientos se concentraron principalmente en el sector cercano a la Plaza de los Corazones, por el lado de Cartagena, donde efectivos de Control de Orden Público lograron ingresar parcialmente al terreno, en medio de una fuerte resistencia por parte de algunos habitantes de la toma.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que el operativo responde al cumplimiento de un mandato judicial que ordena la desocupación de una parte del predio. Detalló que alrededor de 110 hectáreas serán destinadas a un proyecto habitacional, mientras que el resto del terreno —cerca de 111 hectáreas— deberá ser desalojado progresivamente. Según indicó, la planificación considera un proceso que podría extenderse por varias semanas o incluso meses, el cual será evaluado día a día.
Se estima que cerca de dos mil familias quedarían fuera del plan habitacional y, por tanto, deberán abandonar el lugar. En ese marco, el gimnasio del Colegio España fue habilitado como albergue transitorio, con una capacidad limitada y una estadía máxima de entre tres y cinco días por familia, según lo dispuesto por la Corte.
Desde la parte propietaria del terreno, el abogado Diego Pereira-Fonfach, representante de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, señaló que el desalojo se da tras años de litigio judicial, incluyendo un fallo de la Corte Suprema en 2024. Añadió que la empresa había comprometido el cierre del terreno desalojado y la demolición de las construcciones, labores que se han visto seriamente afectadas por los disturbios y la quema de maquinaria. Además, indicó que algunos operarios se han negado a continuar los trabajos por temor a su seguridad.
En paralelo, el Gobierno anunció la expropiación de cerca de 100 hectáreas del total de terrenos tomados, por un monto aproximado de 11 mil millones de pesos, decisión que ha generado debate y críticas desde distintos sectores, que advierten posibles efectos negativos en materia de usurpaciones y acceso regular a la vivienda.
Mientras tanto, autoridades locales evalúan nuevas alternativas de albergue ante la limitada capacidad del recinto habilitado, en un escenario que sigue siendo altamente dinámico y con un fuerte impacto social para miles de familias que habitan en la denominada megatoma de San Antonio.
