Gobierno ajustará norma sobre despidos en el sector público tras cuestionamientos
En medio de críticas desde distintos sectores políticos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que el Gobierno introducirá modificaciones a la denominada norma de “amarre”, iniciativa incluida en un proyecto misceláneo asociado al Presupuesto y que busca regular las condiciones de desvinculación de funcionarios públicos de carrera.
La propuesta original había generado reparos, especialmente desde la oposición, que la calificó como un mecanismo para dificultar los despidos en el Estado. Frente a ello, el secretario de Estado explicó que se resolvió endurecer los requisitos para acceder al derecho de reclamo ante la Contraloría General de la República en caso de despido considerado injustificado.
Según detalló Grau en entrevista con Radio Duna, solo podrán recurrir a la Contraloría aquellos funcionarios a contrata que acumulen cinco años o más en el cargo, elevando así el umbral inicialmente fijado en dos años. Con este cambio, aclaró, el beneficio no se aplicará a personas que hayan ingresado recientemente, incluso si lo hicieron mediante concurso público durante la actual administración.
El ministro sostuvo que parte del debate público se vio marcado por interpretaciones erróneas sobre el objetivo del proyecto. En ese sentido, recalcó que la iniciativa no busca proteger cargos de confianza política, ya que —por el contrario— se establece explícitamente que quienes ocupan ese tipo de funciones deben dejar sus puestos al término del mandato presidencial, el 11 de marzo.
Asimismo, Grau explicó que la intención del Ejecutivo es otorgar rango legal a un instructivo sobre despidos de funcionarios a contrata que existe desde el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, incorporando como alternativa el reclamo ante la Contraloría, en lugar de acudir directamente a tribunales. A su juicio, el ajuste al plazo de cinco años apunta a facilitar la discusión legislativa y despejar dudas sobre una eventual protección a funcionarios incorporados en el actual período.
Reacciones en el Congreso
Pese a los cambios anunciados, desde la oposición persisten las críticas. El diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, reiteró que su sector se opone a incorporar esta norma en la ley de reajuste, argumentando que ya existe jurisprudencia clara tanto de la Contraloría como de la Corte Suprema que fija el criterio de los cinco años.
Desde otra vereda, el senador Carlos Bianchi, independiente de la bancada del PPD, advirtió que la modificación dejaría en situación de desprotección a funcionarios con uno a cuatro años de antigüedad, incluidos aquellos que ingresaron por concurso público. A su juicio, la medida afecta especialmente a trabajadores que cumplen funciones esenciales en el Estado.
En tanto, el diputado Boris Barrera (PC), presidente de la Comisión de Hacienda, valoró la disposición del Ejecutivo a introducir cambios para avanzar en el diálogo político, aunque reconoció que habría preferido mantener el plazo de dos años, considerando que una parte importante de los funcionarios contratados en los últimos años se desempeña en áreas como salud y educación.
Con el nuevo umbral de cinco años, el Gobierno espera destrabar la discusión legislativa, aunque el futuro del proyecto sigue siendo incierto ante la falta de consenso en el Congreso.
