Regulación al corretaje de propiedades: el proyecto de ley que busca proteger el patrimonio familiar frente a la informalidad
La iniciativa ingresada al Senado exige licencias obligatorias y regula las plataformas digitales para frenar las estafas y la asimetría de información en el mercado inmobiliario.
El acceso a la vivienda no es simplemente una transacción comercial, sino uno de los hitos más significativos y esperados en la vida de cualquier familia. Con el propósito de resguardar la seguridad de este proceso, ingresó formalmente a tramitación en el Senado un proyecto de ley destinado a regular el corretaje de propiedades y su ejercicio mediante plataformas digitales. La moción, presentada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Fidel Espinoza, Gustavo Sanhueza y Matías Walker, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda, busca establecer un marco jurídico integral que fije requisitos obligatorios de habilitación y licencias renovables para el ejercicio de la actividad.
Tal como expone el documento de la moción, el corretaje inmobiliario cumple una función económica de primera relevancia en el país al facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda. Sin embargo, la propuesta enciende las alarmas sobre la realidad actual del sector: la intermediación carece por completo de un marco regulatorio específico en Chile. Esta falta de normativas permite que cualquier persona pueda ejercer estas funciones sin necesidad de acreditar conocimientos técnicos avanzados, solvencia moral o encontrarse sujeta a la fiscalización del Estado.
Vulnerabilidad y riesgos económicos
Para dimensionar la gravedad de la situación, los parlamentarios autores de la iniciativa subrayaron la complejidad técnica que involucran las materias jurídicas, financieras, urbanísticas y constructivas asociadas a la compraventa o arriendo de un inmueble. Al no existir un estándar profesional exigible, se genera una marcada asimetría de información que sitúa a los consumidores en una posición de profunda vulnerabilidad.
La falta de regulación expone directamente a las personas a ser víctimas de prácticas abusivas, conflictos de intereses, publicidad engañosa, fraudes y estafas. Asimismo, el proyecto detalla que la informalidad imperante genera distorsiones en la libre competencia y facilita la evasión tributaria, perjudicando de paso a aquellos corredores que sí ejercen el oficio bajo criterios de estricta responsabilidad y legalidad.
El espejo internacional
A la hora de proponer soluciones, el proyecto de ley recoge experiencias legislativas exitosas aplicadas en países como España, Perú, Uruguay y, de manera especial, Panamá. En la nación centroamericana, un modelo regulatorio vigente desde 1999 exige la obtención de licencias validadas por una junta técnica de bienes raíces, obligando a verificar antecedentes penales y acreditar competencias técnicas específicas. Para los legisladores chilenos, este panorama internacional demuestra con claridad que resguardar los derechos fundamentales de los consumidores es una tarea plenamente compatible con el derecho a la libertad de empresa.
