Frenar la violencia en las calles: los proyectos de ley que buscan cárcel y multas para cuidadores y limpiaparabrisas ilegales
Dos iniciativas ingresadas a la Cámara de Diputadas y Diputados proponen sanciones penales, penas de presidio y la expulsión automática de extranjeros reincidentes para erradicar las extorsiones en el espacio público.
La tranquilidad de estacionar en la vía pública o detenerse ante la luz roja de un semáforo se ha transformado, en el último tiempo, en un foco de constante incertidumbre para miles de automovilistas. Con el fin de abordar una problemática que golpea directamente la convivencia urbana, el Congreso avanza en la tramitación de dos proyectos de ley que buscan terminar con la informalidad de los cuidadores de vehículos y limpiaparabrisas no autorizados, incorporando por primera vez sanciones penales, multas severas y herramientas efectivas de remoción para las fuerzas de orden.
Para apreciar la magnitud de este fenómeno, es necesario mirar la realidad de las zonas comerciales, barrios gastronómicos y las inmediaciones de eventos masivos. Lo que en sus orígenes comenzó como un oficio informal basado en la voluntad, hoy se ha visto vulnerado por denuncias de coacción. Tal como expone una de las mociones legislativas (Boletín N°17.539-07), impulsada por el diputado Cristián Araya, la actividad ha derivado en agrupaciones que operan como verdaderas mafias, distribuyéndose territorios mediante el uso de la fuerza y desarrollando actividades ilícitas que incluyen la venta de drogas.
El fracaso de las ordenanzas locales
En lo particular, la legislación vigente ha demostrado ser ineficaz para hacerse cargo del problema. Actualmente, las herramientas de fiscalización se limitan a multas municipales contempladas en ordenanzas locales, las cuales son sistemáticamente ignoradas por los infractores. Al no poseer bienes susceptibles de embargo, el sistema de cobranza judicial fracasa; un reflejo de esto es que comunas como Vitacura registran personas con más de 200 multas vigentes sin pagar. Para revertir este desamparo, la propuesta plantea introducir el artículo 268 octies al Código Penal, tipificando el cobro ilegal en bienes nacionales de uso público con penas de reclusión menor en su grado mínimo o multas de 10 a 50 UTM. Asimismo, en el caso de personas extranjeras reincidentes, el texto dispone que se configure automáticamente la causal de expulsión del país bajo la ley de migración y extranjería.
Paralelamente, la segunda iniciativa en discusión (Boletín N°17.405-07), presentada por el diputado José Miguel Castro, apunta a prohibir el trabajo informal en las calles mediante el establecimiento de un sistema obligatorio de autorización municipal. Si bien el proyecto reconoce que existen cuidadores que desarrollan su labor de manera respetuosa y ética, advierte sobre la proliferación de grupos que actúan bajo los efectos del alcohol o las drogas, exigiendo dinero mediante la intimidación y provocando daños a los vehículos de quienes se niegan a pagar.
El texto aborda de igual manera el escenario de los limpiaparabrisas, quienes frecuentemente intervienen los vidrios sin el consentimiento del conductor para luego exigir una retribución bajo amenazas. De convertirse en ley, ejercer estas actividades sin la debida acreditación consistorial se sancionará con presidio menor en su grado mínimo, escalando al grado máximo y multas de 10 UF en caso de reincidencia. De este modo, los municipios tendrán la facultad exclusiva de determinar las zonas autorizadas, los requisitos y los horarios de funcionamiento, devolviendo el control de las calles a la institucionalidad.
