Core Giselle Ahumada alerta retraso ministerial en millonario convenio que busca mitigar la crisis de conectividad rural en la región
Un enérgico llamado a agilizar la firma de un histórico convenio de conectividad rural realizó la consejera regional del Distrito 6 y presidenta de la Comisión de Transporte del CORE Valparaíso, Giselle Ahumada. La autoridad advirtió que, a un año de que el Gobierno Regional aprobara un presupuesto de 3 mil millones de pesos para financiar el Subsidio de Transporte Rural, la iniciativa continúa entrampada administrativamente a nivel central, postergando la puesta en marcha de 32 nuevos recorridos destinados a mitigar el aislamiento en las zonas más apartadas de la región.
El programa busca inyectar de manera directa recursos del Gobierno Regional (GORE) para ejecutar una red de transportes subsidiada durante un plazo inicial de tres años. Con esta medida se pretende duplicar el alcance actual de la Seremi de Transportes —que administra apenas 19 rutas—, elevando el total regional a 51 trazados activos e incorporando de forma inédita a 13 comunas periféricas que carecen de conectividad regular hacia los centros urbanos.
Sin embargo, a pesar de las alarmantes brechas de transporte terrestre detectadas y de una reunión clave sostenida el pasado mes de abril con las autoridades de la cartera, la consejera Ahumada manifestó su preocupación ante el incumplimiento de los plazos comprometidos por el Ejecutivo, lo que mantiene congeladas las licitaciones públicas de un servicio calificado como esencial.
Al abordar el impacto estructural que tendrá este programa en las localidades aisladas, Giselle Ahumada enfatizó que la inyección económica resolverá un problema histórico del mercado privado. “Hoy día, sin subsidio, es muy difícil poder mejorar el servicio en las zonas rurales por la falta de demanda que existe. Por lo tanto, para el privado es poco atractivo. Este financiamiento 100% nuestro nos va a permitir mejorar el servicio e incluso incorporar rutas donde nunca antes ha habido recorridos”, explicó la consejera.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Transporte detalló que el subsidio no solo reordenará la cobertura territorial, sino que elevará significativamente los estándares de fiscalización y seguridad exigidos a los futuros operadores de las flotas rurales. Los contratos de licitación contemplan la incorporación obligatoria de buses modernos equipados con sistemas de posicionamiento global (GPS), fiscalizaciones en terreno de manera constante y un límite de antigüedad máxima de 15 años para todas las máquinas en servicio.
En el aspecto social y de amortiguación al costo de la vida, el convenio asegura una tarifa regulada equivalente al pasaje urbano dentro del entorno rural, lo que promete tarifas ostensiblemente más económicas que las actuales. Además, el proyecto garantiza la gratuidad total en el pasaje para adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, junto con un descuento del 33% para el sector estudiantil.
Comunas y trazados a la espera del decreto
El plan beneficiará de manera global a 19 comunas rurales de la Región de Valparaíso. A nivel local, en la Provincia de Quillota la cobertura subsidiada alcanzará un 100% de efectividad con el despliegue de cinco nuevos recorridos: en Quillota se implementarán los tramos Lo Venecia – Quillota y Mauco – Colmo – Manzanar – Quillota; en la comuna de Hijuelas se activarán los servicios Hualcapo – Hijuelas y Vista Hermosa – El Olivo – Hijuelas; mientras que en La Calera operará el tramo de Pachacamita – La Calera.
La preocupación de la Core radica en el estancamiento de las firmas ministeriales, un retraso burocrático que mantiene en vilo a los municipios del interior. “En abril nos reunimos con el ministro junto al gobernador; se comprometió a sacarlo en el mes de mayo y todavía no hay respuesta de aquello. Es algo bien esperado por los alcaldes”, denunció Ahumada, remarcando que “las comunidades no pueden seguir esperando cuando se trata de un servicio esencial para su vida diaria”.
La urgencia actual del Consejo Regional se concentra en visibilizar el estado del proyecto sectorial para presionar al nivel central y lograr destrabar la toma de razón administrativa que dé inicio a las bases de licitación pública.
