Alarma por niños haitianos inubicables en Chile: Contraloría detecta fallas y Fiscalía investiga presunto tráfico
Un informe del organismo contralor reveló que 486 niños y adolescentes ingresaron al país bajo sospecha de tráfico de migrantes. En fiscalizaciones en terreno, se constató que 64 de ellos se encuentran completamente inubicables.
La Fiscalía Nacional instruyó la apertura de una investigación penal de oficio tras la evacuación de un lapidario informe de la Contraloría General de la República, el cual expone fallas sistémicas en los procesos de regularización y control migratorio de menores de edad de nacionalidad haitiana. De acuerdo con los antecedentes del órgano fiscalizador, se detectó que al menos 486 niños, niñas y adolescentes (NNA) ingresaron a Chile bajo dinámicas que podrían constituir el delito de tráfico de migrantes o trata de personas, utilizando masivamente el esquema de reunificación familiar.
La auditoría determinó que una parte importante de estos ingresos se concentró a través de vuelos chárter operados por aerolíneas privadas de manera directa desde Puerto Príncipe. El documento alerta sobre serias debilidades administrativas en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) durante la gestión de su exdirector, Luis Eduardo Thayer, apuntando a que el servicio modificó y flexibilizó los criterios de tramitación al permitir que se otorgaran permisos de residencia definitiva y temporal a menores de edad sin exigir la presentación de certificados de nacimiento debidamente legalizados o apostillados.
Menores inubicables en la Región Metropolitana
Frente a las alertas emitidas por la Policía de Investigaciones (PDI) respecto de adultos que actuaban de manera reiterada como apoderados responsables de múltiples menores en distintos vuelos —detectándose el caso de un ciudadano que ingresó al país a cargo de 34 niños en un solo trayecto—, fiscalizadores de la Contraloría icieron a principios de año operativos de búsqueda en terreno en comunas como Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Puente Alto y San Bernardo.
El resultado de las fiscalizaciones arrojó que, de una muestra crítica de 105 menores bajo sospecha de riesgo, solo 41 fueron encontrados habitando en los domicilios formales declarados ante la autoridad migratoria. En contraste, 64 niños y adolescentes se encuentran inubicables: los funcionarios constataron que en algunos casos las direcciones no existían, los residentes declararon no conocer a los menores, se registrarion viviendas abandonadas e incluso un padre en San Bernardo notificó la desaparición de su hija y de la madre de la menor sin entregar mayores precisiones sobre las denuncias por presunta desgracia.
Asimismo, se reveló que el Sermig no informó ni remitió los antecedentes de 98 menores de edad que arribaron al territorio nacional, incrementando las brechas de vulnerabilidad y desprotección fiscal.
Redes transnacionales y el rol del crimen organizado
El alcance y la complejidad de las operaciones de traslado e ingreso de los menores al territorio chileno levantaron la alerta de analistas y expertos en el área de la seguridad y la demografía, quienes apuntan a la existencia de estructuras coordinadas fuera de las fronteras nacionales.
Respecto a la magnitud de los controles institucionales que debieron ser vulnerados para materializar estos tránsitos masivos, el sociólogo Axel Callis analizó el escenario penal y la multiplicidad de factores operativos que intervienen en estos casos en una entrevista concedida al medio The Clinic:
“Lo único que me interesa comunicar es que la cadena para atraer un niño, ingresarlo a Chile y sacarlo al aeropuerto, la cadena burocrática, institucional es enorme. No es solamente la PDI, no es solamente el personal del aeropuerto, no es solamente el servicio de migraciones, sino que estamos hablando de falsificación de documentos, falsificación de nombre, estamos hablando de que en algún minuto alguien le mandó una visa a ese niño para que un tutor lo trajera, alguien que no es familiar, lo trajera desde Puerto Príncipe a Chile, pasando por otro aeropuerto, entonces estamos hablando de que hay, evidentemente, a lo mejor, un el crimen organizado de verdad metido”.
Acciones judiciales y comisiones parlamentarias
Ante la gravedad de los hechos descritos en el preinforme, el actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ratificó que la entidad procedió a interponer las denuncias criminales correspondientes ante el Ministerio Público para que se indague la eventual participación de bandas delictivas transnacionales en el traslado de menores.
Paralelamente, las bancadas parlamentarias de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciaron las gestiones formales para la creación de una comisión investigadora especial para revisar la cadena de responsabilidades políticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el seguimiento de estos casos.
